Como experto en inmigración y derechos humanos, es alarmante observar las vulneraciones que se están presentando en Chile en relación con la tramitación de residencias para extranjeros. La Contraloría General de la República (CGR) ha instruido un sumario administrativo en el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) debido a las demoras significativas en la tramitación de las solicitudes de residencia temporal y definitiva.
Demoras significativas
Según la auditoría realizada por la CGR, se han identificado demoras que oscilan entre los 190 y 990 días en las diferentes etapas del proceso de solicitud. Estas demoras son inaceptables y representan una grave vulneración de los derechos de los migrantes.
- Para las solicitudes de residencia temporal y definitiva realizadas entre 2019 y mayo de 2022, se identificaron demoras entre 180 y hasta 990 días en las distintas etapas del proceso1.
- Se constató que al 25 de agosto de 2022, hay 11.801 solicitudes de residencias temporales tramitadas bajo el sistema SIMPLE que no han sido gestionadas por el SERMIG2.
Pérdida de información
Además, la Contraloría ha acreditado la existencia de miles de solicitudes que, hasta agosto de 2022, no habían sido gestionadas por Migraciones. Como consecuencia de una caída del sistema B-3000 en octubre de 2021, se provocó una pérdida de información entre los días 12 de agosto y 25 de octubre de 20213. Esta pérdida de información es una muestra más de las deficiencias en la gestión del SERMIG.
Residencias definitivas
En relación a las residencias definitivas, tramitadas bajo la plataforma SIMPLE, la CGR identificó la existencia de 158.883 solicitudes que al 30 de agosto de 2022 aún no habían sido gestionadas por el SERMIG4. Esta situación es inaceptable y demuestra una falta de eficiencia y transparencia en el proceso de tramitación de las solicitudes de residencia.
Rol de la Contraloría
La Contraloría tiene un papel fundamental en la supervisión de la administración pública y en la protección de los derechos de los ciudadanos. La investigación que ha abierto la Contraloría es un paso importante para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en el proceso de tramitación de las solicitudes de residencia.
Sin embargo, es fundamental que esta investigación se realice de manera imparcial y exhaustiva, y que sus resultados se utilicen para implementar reformas que mejoren la eficiencia y la transparencia del SERMIG.
Conclusión
La situación actual en la tramitación de residencias para extranjeros en Chile es preocupante. Las demoras significativas, la pérdida de información y la falta de gestión de las solicitudes son vulneraciones graves que afectan los derechos de los migrantes. La Contraloría, al abrir esta investigación, juega un papel crucial en la búsqueda de soluciones a estas irregularidades.
Sin embargo, no podemos ignorar lo que está sucediendo con la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. La reciente tendencia de estas instituciones a rechazar los recursos de protección presentados por los migrantes, basándose en argumentos que parecen estar influenciados por conversaciones con el director del Servicio Nacional de Migraciones, es alarmante. Esta situación puede dejar a los migrantes en una posición de vulnerabilidad, sin la posibilidad de defender sus derechos ante las cortes.
Esperemos que los funcionarios de la Contraloría no caigan en esta dinámica de los «amiguismos» políticos que podrían perjudicar aún más a los inmigrantes. La independencia y la imparcialidad de las instituciones encargadas de supervisar y controlar la administración pública son fundamentales para garantizar la protección de los derechos de todos los ciudadanos, incluyendo a los migrantes.
Es fundamental que se tomen medidas para abordar estas vulneraciones y mejorar el proceso de tramitación de residencias para migrantes en Chile. Esto incluye garantizar que el Servicio Nacional de Migraciones tenga los recursos y la capacidad para manejar el flujo de migrantes, mejorar los sistemas de información y garantizar que se respeten los derechos de los migrantes durante todo el proceso de tramitación.
La Contraloría, como organismo de control de la administración pública, tiene un papel crucial en este proceso. Su investigación debe ser exhaustiva, imparcial y centrada en la protección de los derechos de los migrantes. Solo así podremos garantizar que se respeten los derechos de los migrantes y que se implementen las reformas necesarias para mejorar la eficiencia y la transparencia del proceso de tramitación de residencias.
